La Corte analiza un planteo contra la enseñanza religiosa en las escuelas públicas

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La Corte analiza un planteo contra la enseñanza religiosa en las escuelas públicas

Convocó a cuatro audiencias públicas durante las cuales diferentes instituciones interesadas en hacer oír su postura sobre el tema expusieron en calidad de “amigos del tribunal”.

La Corte Suprema de Justicia escuchó a los “amigos del tribunal” (“amicus curiae”) en el marco de las audiencias públicas, que dispuso el máximo tribunal para debatir la causa judicial tendiente a motorizar el cese de la enseñanza religiosa en las escuelas públicas de Salta.
Los expertos y representantes de instituciones que, sin ser parte del expediente, argumentaron a favor y en contra de la enseñanza en escuelas públicas salteñas.
Entre otros testimonios, se escuchó la palabra del representante del Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa, Juan Navarro Floria, quien consideró que “es un derecho de los hijos a recibir educación religiosa” y advirtió que ello podría ocurrir aún en contraposición con la postura de sus padres. En ese sentido, reivindicó “la libertad de los niños a elegir la enseñanza religiosa”.
La causa se remonta a 2010, cuando la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), con sede en Buenos Aires, secundada por un grupo de seis madres, presentó una acción de amparo colectivo contra el ministerio de Educación de Salta, solicitando el cese de las clases de educación religiosa en las escuelas públicas por considerarlas “atentatorias contra la libertad de conciencia”.
Las demandantes postularon representar los intereses de “todos aquellos padres que no querían que sus hijos recibieran enseñanza escolar en la religión católica”.
En tanto, la Provincia sostuvo la defensa de la autonomía de Salta para incorporar a su Constitución la cláusula impugnada por las amparistas, con base en varios tratados de derechos humanos y en la propia Constitución Nacional, insistiendo en que se instrumentó “un sistema de libre opción, sin imposición de la enseñanza de ningún credo en particular”.
El profesor José Durand Mendioroz, docente de la Universidad Católica de Salta y autor del libro “Enseñanza religiosa escolar en la provincia de Salta”, expresó que les llamó la atención que en los días previos al debate público se produjeron “un par de sorpresas”, entre ellas la decisión del máximo tribunal de convocar “amicus curiae” (amigos del tribunal) para que se presentasen a dictaminar en calidad de asesores.
“Estas medidas son excepcionales ya que sólo se adoptan en causas de sumo interés institucional, y así parecía serlo el ‘caso salteño’”, agregó.
“Lo que se debate es el derecho de los padres a que sus hijos reciban en la escuela la enseñanza religiosa que esté de acuerdo a sus propias convicciones, tal como lo dispone la Constitución de la provincia de Salta; en contraposición con lo reclamado por las demandantes, en orden a que el sistema afecta la neutralidad religiosa y la libertad de pensamiento que debe haber en la escuela de gestión estatal”, precisó.

Las familias ignoradas

Además, afirmó que “los padres afirman que los titulares del derecho a recibir la enseñanza religiosa son las propias familias y que este ‘colectivo’ ha sido totalmente ignorado en un juicio donde lo que, en definitiva se pretende, es privarlos de ese derecho, afectándoles de este modo su derecho de defensa”.
Por su parte, los docentes aseguraron que “el sistema salteño no viola el principio de neutralidad religiosa del Estado ya que son los padres los que ejercen la opción por recibir enseñanza religiosa o no, y en caso afirmativo, indican la religión en que desean se instruya a sus hijos”.
“En las aulas salteñas, mediante la libre opción de los padres, se instruye en diversos credos religiosos y también en principios de naturaleza filosófica para aquellos que optan por no recibir enseñanza de un credo en particular”, subrayaron. ■

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